Esta Guía, si bien no agota todas las posibilidades y riqueza de supuestos que se pueden presentar, -no deja de ser un documento dinámico y abierto, sujeto a actualizaciones y revisiones – marca los criterios generales para los órganos de gobierno del poder judicial (Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, y por extensión a los Decanatos), tanto en el ámbito de sus competencias como de coordinación de actividades de prevención con las Administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia) en el proceso de reactivación de las actuaciones judiciales. Asimismo, este documento servirá de guía a las Comisiones de Seguimiento territoriales para llevar a cabo los cometidos que le correspondan en esta materia.
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