El pasado jueves tuvo lugar la segunda de las sesiones del ciclo de conferencias centradas en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de agilización de la Justicia, organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
En su ponencia sobre el impacto de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en la jurisdicción civil, la ponente Susana López Doctor destacó los cambios principales como son la aplicación de las modificaciones solo a procedimientos iniciados tras su entrada en vigor, con excepciones limitadas. Indicó que se refuerza el uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad y se establecen nuevas reglas sobre costas procesales, juicio verbal, devolución de cantidades a consumidores y subastas judiciales, diferenciando entre bienes muebles e inmuebles. Asimismo, comentó la incorporación de la posibilidad de ejecución material por parte de los procuradores y la introducción de un marco normativo actualizado para agilizar los procedimientos judiciales. La entrada en vigor de estas modificaciones varía: los cambios en la LOPJ operarán a los veinte días de su publicación en el BOE, mientras que los de la LEC lo harán a partir del 3 de abril de 2025.
Luis Revilla Pérez, en su exposición comentó que la creación de Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados tradicionales y se organizan en secciones especializadas, como Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, lo Penal y lo Social. Además, se amplían las competencias de las Audiencias Provinciales para conocer de recursos en materia penal. Se establecen nuevos criterios para la especialización de jueces y magistrados, y se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas, especialmente en casos de violencia de género e infantil. En el ámbito procesal, se modifican las reglas sobre la instrucción de delitos, la conformidad en juicios abreviados y rápidos, y la ejecución de sentencias. Se introduce la audiencia preliminar en los procedimientos abreviados para agilizar los procesos y reducir litigios innecesarios. Asimismo, se refuerzan las garantías para las víctimas, estableciendo un tratamiento prioritario para menores de edad y asegurando que las audiencias sean accesibles y seguras. Se regulan nuevas medidas de justicia restaurativa y se modifican los criterios para la ejecución de penas y responsabilidades civiles. La entrada en vigor de estas modificaciones está prevista en distintas fases entre el 23 de enero y el 3 de octubre de 2025.
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