El CADECA traslada al Grupo Socialista en el Senado las reivindicaciones de los abogados mutualistas

La Abogacía andaluza demanda a los representantes públicos la implantación de medidas que garanticen una cobertura social digna para este colectivo

 

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha mantenido una reunión con representantes del Senado del Grupo Parlamentario Socialista para abordar la actual problemática de los letrados mutualistas y plantear las reivindicaciones en relación con el sistema de previsión social y las condiciones de jubilación del colectivo.

En concreto, la Abogacía andaluza ha sido recibida por el portavoz del Partido Socialista en el Senado, Juan Espadas, y los senadores socialistas María Ángeles Luna y José María Oleaga, ambos integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Durante el encuentro, el CADECA, encabezado por su presidente, Federico Fernández, ha expuesto la situación de estos colegiados y ha trasladado la preocupación del Consejo y los once colegios de Andalucía por este asunto prioritario para la abogacía.

En este sentido, el CADECA ha insistido en la necesidad de poner en marcha medidas que garanticen una cobertura social digna para los abogados mutualistas que se equipare a la que perciben los letrados adscritos al sistema público, como la implementación de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el ajuste por las aportaciones ya realizadas, el establecimiento de pensiones mínimas o la mejora del tratamiento fiscal.

Asimismo, el Consejo ha compelido a los representantes públicos a que agilicen el proceso a través de una regulación de las posibles soluciones mediante decreto. Por su parte, los senadores socialistas han mostrado su apoyo a las demandas del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y se han comprometido a trasladarlas al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Este encuentro se enmarca dentro de una serie de reuniones institucionales que el Consejo va a acometer con representantes de los mutualistas afectados, la propia Mutualidad y administraciones públicas con el objetivo de favorecer que los diferentes órganos del Gobierno consideren esta problemática como una prioridad, habida cuenta lo delicado de la situación y el alto número de colegiados afectados, y proceda a dar una solución beneficiosa al mismo.