Comisión de Trabajo del Traslado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Nota Informativa nº1

La Junta de Andalucía convocó el pasado 3 de Febrero de 2023 a todos los operadores jurídicos para la creación de un Grupo de Trabajo del Traslado de la Ciudad de la Justicia en el Campus Palmas Altas, a fin de informar sobre la programación del traslado de las sedes de órganos judiciales a la “Ciudad de la Justicia” en Palmas Altas, los tiempos, los órdenes que se van a ir trasladando, así como para escuchar las inquietudes y necesidades de todos los sectores y colectivos interesados, entre los que estaba convocado el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.  

Hay que destacar que la convocatoria de la reunión, aun cuando partió de la Consejería de Justicia, estaba organizada y protagonizada por las dos Administraciones llamadas a colaborar para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad: la Junta de Andalucía, competente para organizar las infraestructuras judiciales, y el Ayuntamiento, competente para garantizar la suficiencia de servicios en Palmas Altas, y muy especialmente las condiciones de accesibilidad. Ambas Administraciones se mostraron comprometidas para colaborar y coordinarse en que el proyecto se lleve a efecto de la manera más eficaz y óptima posible, cada uno en el ámbito de sus competencias. 

 En primer lugar, se informó de las distintas fases en las que se haría el traslado. Los criterios de traslado que se mantienen son los siguientes: 

a. Hacer el traslado por jurisdicciones completas, que es como se pretende que se organice la Ciudad de la Justicia. 

b. Atender a los tiempos de desalojo de edificios actualmente arrendados por la Junta de Andalucía como sede de los órganos judiciales. 

c. Trasladar en primer lugar aquellos órdenes jurisdiccionales que por las normas procesales -mayor o menor oralidad-, requieren menor asistencia a las mismas, y por tanto van a generar un menor tránsito de personas. 

d. Trasladar primero aquellos órdenes judiciales que requieran instalaciones menos complejas y que, por tanto, pueden instalarse en los edificios existentes remodelados, sin necesidad de construir edificios de nueva planta.  

Primera fase:

Consiste en el edificio A, cuyas obras de remodelación ya están licitadas, y que se pretende que estén finalizadas para el 30 de junio de 2023. En ese edificio se ubicará el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (los trece Juzgados de lo Contencioso-administrativo) y la Jurisdicción Mercantil (cuatro Juzgados). En el futuro, se ubicarán también en este edificio A, cuatro Juzgados de Primera Instancia, si bien, partiendo del planteamiento de traslados por jurisdicción completa, estos cuatro Juzgados no se trasladarán hasta que no se traslade el resto al edificio B, como se expone más adelante.  

En el edificio existen salas de vistas en la proporción aproximada que se pretende mantener de una Sala por cada dos Juzgados. Existen asimismo espacios modulares para distintos usos, y está garantizado ya un espacio para el Colegio de Abogados, que no será el definitivo, sino que se trasladará a un lugar más idóneo, una vez que el conjunto de los edificios esté terminado. 

En paralelo, se licitarán y ejecutarán las obras de remodelación del edificio B, en el que se van a ubicar los Juzgados de Primera Instancia (salvo los cuatro que irán en el edificio A). Terminadas las obras se trasladarán al mismo los Juzgados de Primera Instancia, y al edificio A cuatro de ellos. La fecha que en principio está prevista es entre junio y septiembre de 2024. En todo caso, ha de tenerse en cuenta, y así se hizo constar, que los plazos podrían alterarse por los avatares y retrasos propios de una licitación y la ejecución de una obra. 

Segunda fase:

En esta segunda fase se pondrían en funcionamiento los edificios C y D, actualmente ocupados por Abengoa, con la que existe ya pactada una fecha de desalojo a fin de que se puedan iniciar las obras para remodelar los edificios y ajustarlos a las necesidades de los órganos judiciales.

En el edificio C se ubicarían la Audiencia Provincial y los Juzgados de lo Social, y en el edificio D el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Registro y Decanato. 

Tercera fase.

Se integra por los edificios E, F, y G destinados a los órganos de la jurisdicción penal (Instrucción, Juzgados de lo Penal, Violencia de Género, Menores, Audiencia Penal). Esta jurisdicción, que es la última que se traslada, se irá reorganizando en el tiempo transitorio, hasta que los edificios estén ejecutados, trasladándose a los espacios actuales de la Audiencia Provincial Civil y el Tribunal Superior de Justicia actuales, que vayan quedando libres. 

La idea, se insistió, es ir liberando los edificios alquilados actualmente en la Avenida de Buhaira y Viapol.  

En el edificio H se trasladarán servicios conectados con la Administración de Justicia y sus operadores que se vayan demandando. En concreto se habló de las necesidades especiales del Instituto de Medicina Legal.  

Finalmente, como cuestiones de especial interés e inquietud para todos los convocados al equipo de trabajo (Abogados; Jueces, Fiscales, Procuradores, funcionarios, Sindicatos, Guardia Civil…) hay que destacar especialmente el tema de la MOVILIDAD, para lo que fue importante que las dos Administraciones con competencias en la materia estuvieran presentes: 

• En principio el Ayuntamiento tiene previsto establecer la línea 35 de TUSSAM, desde el Prado hacia la Ciudad de la Justicia, e ir ampliando las líneas que sea preciso a medida que se vaya definiendo e incrementando las necesidades reales de la población. 
• Por su parte, la Junta de Andalucía se comprometió también a reorganizar e incrementar el transporte metropolitano dentro de sus competencias y en tanto que no se haga la línea tres del metro que tardará años.  
• En cuanto a la dotación de aparcamientos, en principio se cuenta con las plazas existentes en Abengoa (aproximadamente 1600 plazas) y 600 del Centro Comercial Lagoh. Esta dotación de aparcamientos puede no ser suficiente por lo que se están planteando alternativas que irán desarrollándose a medida que se produzca el traslado. 

Como conclusión de la reunión mantenida, hemos de valorar como un hecho muy positivo que las dos Administraciones implicadas en el proyecto convoquen a todos los operadores jurídicos a lo que denominan una Comisión de Trabajo, para que puedan opinar y tener información de primera mano sobre el proyecto y el traslado. Se ha quedado en que estas reuniones de la Comisión de Trabajo creada se harán de forma periódica y, en su caso, por grupos más concretos para que sean más operativas. El Colegio de Abogados, seguirá presente en el proceso de trabajo para exigir y tratar de conseguir, como creemos se está haciendo, instalaciones dignas y espacios adecuados para nuestros/as colegiados/as, y medidas de movilidad y demás servicios que faciliten el ejercicio de la profesión.  

Óscar Fernández León

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla